En un comunicado enviado a los medios catamarqueños, los letrados hicieron un llamado a los legisladores a reconsiderar esta propuesta, y “defender la formación universitaria y experiencia profesional”, ante la posibilidad de que los matrimonios puedan divorciarse sin la necesidad de pasar por el ámbito judicial.
El comunicado completo:
El Colegio de Abogados de la Provincia expresa su más enérgico repudio al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional, el cual propone la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa. Consideramos que esta iniciativa atenta contra los principios básicos del derecho familiar y socava la dignidad de las instituciones jurídicas que protegen los derechos de las personas.
El matrimonio es una institución que debe ser tratada con la seriedad y el respeto que merece y cualquier modificación a su estado debe realizarse a través de un proceso judicial que garantice el debido proceso, el análisis de las circunstancias particulares de cada caso, y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.
La disolución administrativa del vínculo matrimonial implica una simplificación peligrosa de un asunto que, por su naturaleza, involucra emociones profundas, derechos patrimoniales, responsabilidades parentales y cuestiones de bienestar familiar. Esta legislación, al eludir el ámbito judicial, podría llevar a decisiones arbitrarias y carecer de la supervisión necesaria para evitar abusos.
Exhortamos a los legisladores a reconsiderar esta propuesta y a buscar alternativas que fortalezcan la protección de los derechos de los ciudadanos, promoviendo un marco legal que contemple el respeto a la familia como núcleo esencial de nuestra sociedad.
Instamos a la ciudadanía a manifestar su preocupación y a unir esfuerzos para garantizar que cualquier reforma en materia de derecho familiar respete los principios fundamentales de justicia y equidad.
No se trata únicamente de defender nuestra formación universitaria y experiencia profesional, sino de proteger los derechos fundamentales de las personas que podrían verse perjudicadas por la eliminación de instancias judiciales. Estas instancias garantizan la seguridad, certeza e imparcialidad necesarias para cualquier cambio que afecte sus situaciones personales o patrimoniales dentro del ámbito jurídico.
